1. INTRODUCCIÓN

Zira Box, en un artículo del año 2004, afirmaba que el estudio de cualquier fenómeno nacional se apoya en tres dimensiones interrelacionadas:

“una primera, correspondiente al discurso de las élites intelectuales; una segunda, centrada en las élites políticas del momento tratando de convertir las definiciones identitarias en políticas nacionalizadoras concretas y, una tercera, correspondiente a los logros y a los límites…de estas aplicaciones políticas de las definiciones intelectuales previas…” («Secularizando el apocalipsis…» 134).

A través de este breve estudio se quiere contribuir a la exploración de la tercera dimensión citada por Box, con el fin de “averiguar los impactos reales sobre las masas de estas políticas nacionalizadoras y de estos discursos identitarios” («Secularizando el apocalipsis…» 135). Para hacer esto, se evaluarán algunas cartas que personas vinculadas al régimen, pero en una posición no significativa, enviaron a las autoridades franquistas a lo largo de los años 50 y 60 como peticiones o quejas relacionadas con la posible adquisición de una vivienda. Pero antes de analizar las cartas, será útil hacer una introducción que las contextualice.

El Estado franquista desde el principio se armó con una serie de instituciones que se encargaban de manera específica de solucionar la falta de viviendas asequibles y medianamente decentes en términos arquitectónicos. Entre estas instituciones una habría cobrado con los años, bastante protagonismo en la construcción de las viviendas protegidas, es decir, viviendas subvencionadas por el Estado. Fue la Obra Sindical del Hogar, una entidad que formaba parte del Sindicato Vertical, la estructura sindical controlada jerárquicamente por el régimen, que suplantó todas las organizaciones sindicales previas al golpe de 1936. La Obra Sindical del Hogar desde muy pronto, en concreto desde 1941, asumió el control de la construcción de las viviendas encargadas directamente por el Sindicato Vertical (López Díaz 282). Los antecedentes de la organización se encuentran en la Obra Sindical Nacional Sindicalista que fue operativa durante la Guerra Civil en el territorio controlado por las tropas sublevadas, como por ejemplo en Zamora (López Gallegos 134–35). A nivel historiográfico, además, se hace hincapié en las distintas etapas por las que pasó la organización. Durante la primera etapa del franquismo su actividad fue bastante reducida por falta de recursos. Entre 1939 y 1946 se estima que la Obra Sindical del Hogar llegó a edificar algo más de 16.000 viviendas en todo el territorio español (Reus Martínez; Blancafort Sansó 71). A partir de los primeros años 50 la organización recibió mucha más financiación y para el Plan Sindical de la Vivienda “Francisco Franco” de 1954 pudo planificar la construcción de 45 mil viviendas en menos de un año (Sambricio, “Aburto vs. OSH: la nueva imagen arquitectónica de la tradición” 19).

A nivel propagandístico se hablaba constantemente de que su propósito era ofrecer viviendas protegidas al mayor número de españoles. Pero, por lo menos al principio, las condiciones de acceso para estas viviendas facilitaban claramente a aquellas personas más cercanas al nuevo sistema político. Sólo para poner un ejemplo, en las listas de espera para estas viviendas, hablando del caso concreto de Madrid, tenían más puntos aquellos que habían participado activamente en la Guerra Civil a favor del bando sublevado (Boletín de la D.N.S., 18 de octubre de 1949). La reflexión que se quiere hacer a través de este artículo parte de la idea de que el régimen franquista creó todo un discurso en el cual afirmaba que la casa era de alguna forma un derecho para todos los españoles, pero desde el pricipio sus actuaciones estuvieron claramente marcadas por la concepción de una sociedad divida en dos, a raíz de la interpretación de la Guerra Civil como una cruzada que se había lanzado contra la anti-España. Las cartas de petición o de queja a las autoridades franquistas permiten una aproximación al fenómeno nacional español durante el franquismo desde una perspectiva que tiene en cuenta justo las repercusiones del discurso oficial y de las prácticas políticas en la gente común.

Las peticiones no fueron un recurso novedoso para las personas que buscaron el apoyo de los jerarcas franquistas en la cuestión de la vivienda. De hecho, era algo bastante común, como demuestra la recopilación realizada por el historiador Antonio Cazorla Sánchez de las cartas destinadas a Francisco Franco entre 1936 y 1945. Las peticiones que se realizaban eran de distinta índole pero todas estaban acomunadas por la búsqueda del apoyo del Caudillo para el obtenimiento de algún tipo de favor. A propósito de estas cartas, Antonio Cazorla Sánchez subraya que cuando se escribía a Franco o a sus representantes, y aparecía invocado el nombre del Caudillo, se utilizaban las palabras y los conceptos del discurso oficial del régimen (Cazorla Sánchez 21).

Si ampliamos el contexto geográfico y temporal, encontramos prácticas parecidas en paises y etapas distintas como en Turquía durante los años 30 del siglo XX mediante el estudio de las cartas de súplica enviadas al Secretario General del Partido Popular Republicano (Akin). También ocurrió en Francia con las cartas destinadas a Charles de Gaulles entre 1949 y 1969 (Hazareesingh), en Australia durante el mandato de Robert Menzies como primer ministro entre los años 50 y 60 del siglo XX (Lyons) o en Italia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como evidencian las cartas de súplica que recibieron los distintos presidentes de la República Italiana (Bertilotti).

Hay estudios que se han fijado en las cartas que recibió Stalin (Khlevniuk), otros que han focalizado la atención en Hitler (Eberle) y en Mussolini (Mazzatosta and Volpi; Cederna C. Caro Duce; Vacca; Wingenter). La investigación de Anne Wingenter ofrece algunas claves de lectura muy sugerentes. Para empezar, en el caso concreto de las cartas que recibió il Duce durante el periodo de la Guerra de Etiopía, entre 1935 y 1936, sobre todo por parte de familiares de caídos, éstas reproducían el lenguaje oficial del régimen en cuanto a valor patriótico y abnegación esperados por parte de los jerarcas fascistas; por otra parte, los remitentes de las cartas hacían uso de un vocabulario que expresaba el sacrificio hecho por la patria con la vista puesta en la consecución de algún tipo de asistencia (Wingenter 162).

Guadalupe Adámez Castro, por otro lado, ha evidenciado que las mismas prácticas se dieron también en el bando republicano tras la Guerra Civil española, analizando las cartas de súplica de los afiliados de la UGT, que buscaban la forma de abandonar Francia para encontrar refugio en México. Las cartas eran destinadas a la Delegación de la UGT en París, así como al CTARE (Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles) en México. La autora afirma que el primer argumento utilizado en la narración autobiográfica era el perfil de militante activo por parte de los peticionarios, haciendo hincapié en los cargos desempeñados en el sindicato, la antigüedad de la afiliación o la participación en la Guerra Civil a favor del bando republicano (Adámez Castro 123–25).

El género epistolar es un espacio de socialización en el cual puede realizarse un intercambio de correspondencia en un sentido horizontal, es decir, entre iguales, o en un sentido vertical, es decir, desde abajo hacia arriba (Sierra Blas 161). Las cartas de súplica se basan en una diferencia de estatus entre remitente y destinatario en términos sociales, profesionales, culturales y hasta jurídicos. El remitente se caracteriza así por un marcado sentido de inferioridad respecto al destinatario de la súplica, quien tiene en su mano el poder para conceder el objeto de la súplica. Martyn Lyons habla de la práctica del “Writing Upwards”, para referirse a las diversas formas a través de las cuales la persona sin recursos busca comunicarse con sus superiores con la esperanza de encontrar una solución a sus necesidades, evidenciándose una condición de desigualdad política y social entre los correspondientes (Lyons, “Writing Upwards: How the Weak Wrote to the Powerful” 317).

El lenguaje empleado por la persona que escribe a una autoridad se puede entender como un medio para garantizar la validez de la petición que se realiza (Wingenter 164). En el contexto de un régimen dictatorial, donde las posibilidades de escapar de la uniformidad ideológica son pocas, quien escribe trata de encontrar su sitio haciendo uso de lo que Skockpol definió el “idioma cultural” (Skocpol 91) disponible en ese determinado momento, moviéndose en el espacio dado por la ideología del régimen. El régimen franquista “sustentó sus primeros y más sólidos cimientos en una Cultura de la Victoria, cuya característica principal fue la división social entre vencedores y vencidos” (Hernández Burgos 77). La perpetuación en los años de esta división entre el bando ganador y el bando perdedor nos habla de un régimen que fomentó un tipo de identidad nacional exclusiva y excluyente desde el principio. Esta identidad tuvo también repercusiones en la cuestión de la vivienda. El discurso oficial del régimen se basó en la exaltación de los valores tradicionales católicos, identificándolos como puramente nacionales, contraponiéndolos a los que definía como valores de la anti-España.

En 1949 la Obra Sindical del Hogar había publicado una lista llamada “Escalafón de turno por antigüedad” que recogía casi 5500 personas que se habían apuntado para obtener una vivienda en Madrid. Estas inscripciones se realizaron entre 1941 y 1949. La lista había sido publicada en el Boletín de la Organización Sindical n.113 de diciembre de 1949. Para acceder a la lista las personas habían tenido que abrir una Cartilla de Ahorro para el Hogar en la Caja Postal de Ahorros entre 1941 y 1949. La lista, de todas formas, era provisional, ya que sólo reflejaba la antigüedad, es decir, la fecha en que se había realizado la inscripción. Otros factores fueron tomados en cuenta para el escalafón final, que tenían que ver con la cercanía al Sindicato Vertical y con la participación en la Guerra Civil a favor del bando franquista. Así que se podían recibir puntos por ser afiliado en el Sindicato, miembro de la Vieja Guardia de la Falange, mutilado de guerra, excombatiente, cautivo, familiar de un caído, etc. Estos certificados tenían que ser adquiridos mediante la petición al oficial u responsable de la propia sección local del partido (Boletín de la Organización Sindical n.º 104, «Disposiciones. Delegación Nacional de Sindicatos. Orden de Servicio 176, de 26 de septiembre de 1949, dando normas para la adjudicación de viviendas protegidas» 3-4).

Además, existía otro incentivo para escribir cartas a las jerarquías franquistas. Paralela al “Escalafón de turno por antigüedad” se había creado una lista para las atenciones especiales, es decir, una lista a disposición de algunos jerarcas, como el Delegado Nacional de Sindicatos, a la que éstos podían apuntar a quien quisieran. En algunas entregas, el 30% de las viviendas fue adjudicado mediante la lista para las atenciones especiales. Este fue el caso de las viviendas del grupo “Virgen del Pilar” y del grupo de “Nuestra Señora del Buen Suceso” en 1951. Fueron dos urbanizaciones muy codiciadas por estar en el centro de Madrid (AGA, Carta de Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales a Delegado Nacional de Sindicatos). No hay que olvidar que estas cartas surgieron de un contexto donde la ausencia de contrapesos concretos en la gestión del poder llevó a un peso desproporcionado de factores personalistas y clientelistas en el proceso de toma de decisiones de la política nacional.

Los grupos que tenían relaciones personales con los líderes políticos poseían una ventaja considerable en la distribución de la riqueza nacional (Gunther 273). Partiendo de la base de que el Estado de bienestar franquista fue escaso desde el principio en términos de servicios, era fundamental que un individuo tuviera los contactos adecuados para poder disfrutar de lo poco que el Estado tenía que ofrecer. Una característica clave del régimen fue, por tanto, la relación discriminatoria que tuvo hacia la población, dado que uno de los objetivos fue mantener una cierta base de consenso en esa parte de la población que había apoyado el golpe del 18 de julio del 1936 (González Madrid and Ortiz Heras, “El franquismo y la construcción del Estado de Bienestar en España: la protección social del Estado (1939-1986)” 369). Carlos Fuertes Muñoz, refiriéndose al caso valenciano, afirma que el acceso a las viviendas protegidas sirvió para consolidar el apoyo de aquellos ya integrados en la estructura del régimen (Fuertes Muñoz 214). En general, fueron habituales “las prácticas de favoritismo por afinidad ideológica con el régimen” en la asignación de las viviendas protegidas (Contreras-Pérez and Díaz Zamorano 146). En palabras de Antonio Cazorla Sánchez, el Estado franquista fue “un medio para la obtención de privilegios, no un mediador imparcial” (Cazorla Sánchez 19).

Para el análisis de las cartas, el contexto geográfico elegido se circunscribe a Madrid y por lo que se refiere a la fase histórica, está limitado al periodo entre los primeros años 50 y los primeros años 60, por varias cuestiones. En primer lugar, ese fue el periodo de máxima construcción de la Obra Sindical del Hogar, dándose la mayor interacción entre los beneficiarios de las casas y las autoridades franquistas. En segundo lugar, fueron los años donde aún siguió muy vigente el imaginario nacional-católico en una parte importante de la población. Las cartas fueron encontradas en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares a raíz de una investigación doctoral sobre el papel de la Obra Sindical del Hogar en Madrid. Han sido analizadas casi 70 cartas de súplica escritas entre los años 50 y 60, algo más de 200 cartas de recomendaciones escritas por los jerarcas a los funcionarios de la Obra Sindical del Hogar, y sus respectivas respuestas por parte de la organización, pero en este artículo se ha decidido concentrar la atención en las primeras. Se presentarán unos cuantos casos ejemplificativos tratando de enlazarlos con la evolución del discurso oficial del régimen a lo largo de los años 50 y 60. La primera carta expuesta fue escrita por María del Rosario G. M. y estaba destinada a Francisco Franco. Es del 4 de abril de 1952.

Cuando María del Rosario escribió la carta tenía 58 años, era viuda y ocupaba el puesto de Jefa del Comedor Infantil de Auxilio Social «José Antonio» en Chamartín de la Rosa, una localidad en la parte norte de Madrid. El motivo que la llevó a escribir al Jefe del Estado es que se encontraba sin vivienda después de haber tenido algunas “diferencias económicas con su patrona, a la cual tiene demandada por injurias y mal trato de palabra” (AGA, Carta de María del Rosario G. M. al Jefe del Estado Español). Sus ingresos mensuales como Jefa de comedor llegaban sólo a 250 pesetas, única retribución percibida, motivo por el cual necesitaba un cuarto de los que ofrecían el Instituto Nacional de la Vivienda, la Comisaría de Ordenación de Madrid o la Obra Sindical del Hogar.

Durante los años 40 fueron escasos los proyectos de construcción realmente terminados por la Obra Sindical del Hogar, principalmente por falta de fondos. Pero a principios de los 50, en Madrid, algo se movió, aunque no lo suficiente si se compara con las peticiones que fue recogiendo la organización. Los precios de los alquileres en la capital del España estaban literalmente por las nubes a principio de los años 50. Para hacerse una idea, en el CNS: Boletín Sindical de la Territorial de Madrid de febrero de 1953, en un artículo de Ángel García Lozano, se afirmaba que entre 1944 y 1950 el coste medio de una casa había aumentado de un 400%. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, en 1950 había 297.093 pisos disponibles para 330.121 familias (6-7). Conseguir alguna habitación con sólo 250 pesetas al mes era, efectivamente, una empresa. Los pisos que estaba edificando la Obra Sindical del Hogar tenían la ventaja de ser bastante económicos, si se tiene en cuenta que sus compradores pagaban cuotas mensuales que oscilaban entre las 250 y las 400 pesetas por un piso. María del Rosario, una vez explicada su situación, afirmaba sucesivamente que era:

“viuda de RICARDO R. C., Caballero de la Tradición, desde el año 1.907; Profesor de Música de la Casa Social Católica de Madrid, del Patronato de Artesanos de San Luis Gonzaga, Juventud Católica de San Cayetano y Escolanía de Violines en los PP. Salesianos de esta Capital; fallecido en enfermedad cardíaca adquirida en el cautiverio marxista, datos todos ellos de fácil comprobación con los documentos que poseo y que están a disposición de quien se juzgue oportuno” (Idem).

En este párrafo se puede ver cómo María del Rosario evidenciaba las conexiones de su marido con diversas instituciones católicas, como motivo de reconocimiento, o quizás también como posibles patrocinadores indirectos para su petición. María del Rosario dejaba entender que su posibilidad de conseguir una vivienda no debía derivar de ella, sino de la posición que había adquirido su difunto marido en el sistema de valores del régimen. Además, se refería a las penas sufridas por su marido en el “cautiverio marxista”, que le habrían llevado años después a la muerte por una enfermedad cardíaca. Es de alguna forma un recordatorio: mi marido ha apoyado la causa del régimen y ha pagado un alto precio. Y a través de esta introducción María del Rosario suplicaba que:

“se sirve V.E. ordenar que cualquiera de los Organismos mencionados me conceda un piso de los que distribuyen, con carácter urgente, en premio a la auténtica necesidad, y al profundo españolismo de mi difunto esposo que supo inculcárselo a mí, llama ardiente que mantiene mi fe permanente e invariable ante los designios de Dios que en su gracia infinita ha designado a V.E. para regir a nuestra querida Patria y nuestra Santa Religión” (Idem).

En este párrafo se encuentran diversos elementos de interés. Para empezar, la referencia a la urgencia de su situación, ya que venía de una viuda de un hombre caracterizado por un “profundo españolismo” que María del Rosario había asimilado y que seguía llevando consigo. Según Ismael Saz Campos, no hay que subestimar el aspecto nacionalista de la dictadura, considerando que fue el discurso nacionalista el que constituyó el punto de encuentro ideológico entre las principales fuerzas políticas identificadas con el bando franquista (Saz Campos 262).

Es de sumo interés el uso de un lenguaje con claros tintes religiosos por parte de María del Rosario, en el cual se describe el nacionalismo como una “llama ardiente”, que mantenía la fe de la peticionaria en los designios divinos, los cuales habían establecido que Franco rigiera la “Patria y nuestra Santa Religión.” La descripción de Francisco Franco como jefe designado por gracia de Dios corresponde a la imagen que la propaganda franquista había difundido desde el principio. Como recuerda Zira Box, a “la construcción de estatuas y bustos que inundó el país de augustas piedras conteniendo y proyectando la atenta presencia del Caudillo, le siguió una sobredosis de publicística franquista que elevó a la categoría de mito al dictador” (Box, España año cero. La construcción simbólica del franquismo 323).

José Luis Villacañas, en un espléndido ensayo que analiza detalladamente el pensamiento de Ramiro de Maeztu y sus implicaciones en la derecha española, así como en el franquismo, ofrece una interpretación de la cosmovisión que había en la base del régimen. Ramiro de Maeztu defendió muchas de las ideas que más tarde fueron de apoyo para la causa franquista. A través de Acción Española, revista monárquica fundada en 1931, apoyó un proyecto político que condujese a una reactualización del tradicionalismo católico, en la línea de Menéndez Pelayo, es decir, la monarquía tradicional y el corporativismo social-católico (González Cuevas 129).

Maeztu también tomó como modelo la sociedad estadounidense, con el objetivo de ver formada en España una clase media productiva, responsable, económicamente creativa y capaz de reconocer en el trabajo la base de su legitimidad social y por tanto saber valorar también las justas demandas de los trabajadores. Según Alfonso Botti, el intento de Maeztu fue crear un modelo de reconciliación entre catolicismo y capitalismo equivalente al formulado por Weber, refiriéndose al calvinismo (Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) 100–01). Maeztu consideró que España era esencialmente monárquica y católica y que, por tanto, su soberanía nacional no debía establecerse mediante mecanismos democráticos para determinar cuál era la voluntad de la nación. Bastaba una aristocracia, una élite sostenida por el consenso de los menos influyentes y capaz de silenciar a los disidentes. La voluntad nacional española, según Maeztu, era la unidad católica (Villacañas 248).

En una carta destinada a Francisco Franco del 19 de marzo de 1952, se puede encontrar una breve referencia a esa visión de una España anclada fuertemente a la identidad católica. Jaime N. L. denunciaba haber sufrido de manera injusta un desahucio afirmando que la solución a su desesperada situación pasaba por la entrega de una de las viviendas de la Obra Sindical del Hogar. Es llamativa la forma a través de la cual Jaime justifica la adjudicación de una vivienda en la carta de súplica destinada al mismísimo Caudillo. El desahucio establecido por sentencia había sido “[…] un manifiesto atropello de los más legítimos e indiscutibles derechos humanos, máxime dentro de un estado como el español que considera el hogar y la familia como bases principales de la civilización católica” (AGA, Carta de Jaime N. L. a Su Excelencia el Generalísimo Caudillo de España, 19 de marzo de 1952).

Las fuerzas que apoyaron al golpe del 1936 tenían visiones distintas sobre el concepto de España, como distintos eran los proyectos politícos que planteaban para sustituir a la Républica. Lo que ofreció el nacionalcatolicismo fue la unidad ideológica y hegemónica, que no sólo habría ganado en el bloque franquista y sobre las ideologías de la República y del Frente Popular, sino que, además, habría establecido su interpretación sobre la Guerra Civil española (Botti, Cielo y dinero. El nacionalcatolicismo en España (1881-1975) 132). El relato se habría fundamentado sobre el concepto de guerra como cruzada, generando toda una serie de mitos, entre los cuales, el mito de los caídos en batalla por la cruzada que habría garantizado el éxito de la España tradicional y católica (Di Febo 14). Pero, aunque el nacionalcatolicismo propusiese una interpretación de los hechos de su presente con el uso de una mitología antigua, esta ideología no puede ser tachada de anti-moderna o arcaica, sino todo lo contrario.

El proyecto nacional-sindicalista, al servicio del régimen de Franco, tuvo su concreción en la estructuración del Sindicato Vertical desde los primeros años posteriores a la Guerra Civil. El Sindicato Vertical ramificado por todo el territorio nacional y en casi todos los sectores productivos, garantizaba el control estricto del Estado sobre los mismos. La retórica nacional-sindicalista ofrecía un lenguaje a través del cual el régimen franquista asumió ciertos postulados de la modernidad, que en el ámbito de la vivienda significaba un rol más activo del Estado en el fomento de la construcción de viviendas asequibles, en una sociedad que se estaba progresivamente urbanizando.

Con respecto al valor propagandístico de la entrega de las viviendas, como recuerda Gloria Román Ruiz, el régimen consiguió ofrecer una buena imagen de sí mismo, llegando a extender actitudes de apoyo más allá de sus bases habituales (Román Ruíz 101). Ateniéndonos a Fandiño Pérez, “el problema de la vivienda fue explotado hasta la saciedad…a fin de elaborar un nuevo mito, el del Estado franquista como constructor, sobre todo, como constructor de vivienda protegida” (Fandiño Pérez 176). Durante los largos años de la posguerra, en una fase prolongada de escasez material, con bajos salarios y una alta inflación causada también por la presencia de un mercado negro surgido para evadir los precios fijados a nivel gubernamental, la cuestión de la vivienda fue un frente donde el régimen franquista intentó mostrarse resolutivo.

Las condiciones de vida en general fueron muy duras para una parte importante de la población durante los años del primer franquismo. Las cartillas de racionamiento estuvieron vigentes hasta 1952. Al mismo tiempo, el proceso de urbanización español en el curso de los años 40 y principios de los 50 se tradujo en importantes flujos de población hacia las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se calcula que más de 800 mil personas emigraron hacia las grandes urbes españolas (López Díaz 302). La escasez de nuevas construcciones y la inmigración ejercieron una fuerte presión en los alquileres, que subieron de manera imparable. Desde los primeros años posteriores a la Guerra Civil, diarios oficiales como Arriba o Pueblo ofrecieron un relato que quería demostrar la preocupación del régimen por la cuestión habitacional. Es verdad que “ni el Ministerio de la Vivienda, ni la Obra Sindical del Hogar, consiguieron acabar en toda la dictadura con la crisis de la vivienda para las clases populares” (González Madrid and Ortiz Heras, “La dictadura de la miseria. Políticas sociales y actitudes de los españoles en el primer franquismo” 38), pero el discurso del régimen y sus prácticas políticas en torno al tema tuvieron cierto éxito. En el contexto de Madrid, fueron numerosas las iniciativas estatales para solucionar el problema del chabolismo y de los realquilados. A partir de los años 50 el Estado destinó más financiación para la construcción de viviendas protegidas ante una realidad que la misma cinematografía española estaba denunciando en películas como Surcos del cineasta Nieves Conde, estrenada en 1951. En esta película se ponían en evidencia las extremas dificultades de las familias campesinas que buscaban mejores condiciones de vida en Madrid (Silvestre Rodríguez and Serrano Asenjo 95–96).

Que la situación habitacional en Madrid fuera difícil no solo para las clases populares, sino también para el funcionariado del Estado, sindicatos verticales incluidos, lo demuestran las numerosas cartas escritas por funcionarios de bajo rango a los jerarcas del régimen. En una carta del 7 de diciembre de 1951, Manuel G. F., miembro de la Obra Sindical “18 de Julio”, suplicaba al Delegado Nacional de Sindicatos la concesión de una vivienda:

“[…] deseando contraer matrimonio en fecha próxima y habida cuenta de las dificultades que presenta conseguir el arrendamiento de un piso en esta capital […] SUPLICA: a tu Superior Jerarquía que teniendo por presentada esta instancia […], te dignes conceder al dicente una vivienda de las que construye la Obra Sindical del Hogar en régimen de viviendas protegidas […]” (AGA, Carta de Manuel G. F. a Delegado Nacional de Sindicatos).

Angelines J. B., funcionaria de la D.N.S desde 1943, escribía al Delegado Nacional de Sindicatos el 24 de octubre de 1951 pidiendo un piso entre los que se estaban entregando en la urbanización de “Nuestra Señora del Buen Suceso” de Madrid. Angelines afirmaba que su situación era urgente “por vivir actualmente 6 personas en 2 dormitorios de pequeñas dimensiones” (AGA, Nota de Angelines Suárez Bienes, Funcionaria de esta D.N.S., 24 de octubre de 1951). Los años de antigüedad al servicio de los sindicatos verticales la hacían merecedora de la entrega, concluía Angelines.

Otro funcionario del sindicato vertical, Tomás S. C., escribía el 17 de enero de 1951 al Delegado Nacional de Sindicatos, haciendo patente la angustiosa situación en que su familia se encontraba (AGA, Carta de Tomás S. C. a Delegado Nacional de Sindicatos). Tenía dos niños pequeños y su mujer sufría tuberculosis pulmonar. Él llevaba 11 años en la Organización Sindical, además, pertenecía a la Vieja Guardia y era un excombatiente. La casa en la que vivía con su familia era antihigiénica, “[…] llena de humedades y de un frío glacial […]” (Idem), motivo por el cual las condiciones de salud de su mujer podían empeorar, con la agravante de que también se vieran afectados los hijos pequeños. Confiaba en la bondad del Delegado Nacional de Sindicatos para obtener una vivienda salubre, siendo conocida la “[…] fama de tu gran corazón […]” (Idem).

Entre 1955 y 1960 se llevaron a cabo distintos planes nacionales de construcción para la ciudad de Madrid (Lasso de la Vega Zamora 154). Mediante la realización de polígonos residenciales en las zonas periféricas de Madrid se intentó dar una vivienda a aquellas personas que habían emigrado a la capital y habían vivido en chabolas y de realquilados por falta de recursos (Betrán Abadía 35). Los mensajes que se lanzaban por parte de la propaganda oficial daban fe de la visión paternalista en la cual se enmarcaba la entrega de viviendas. Los beneficiarios de las viviendas, entre los cuales se encontraban también los funcionarios de la Delegación Nacional de Sindicatos, tenían que estar agradecidos y mostrarse reverentes. En los carteles y folletos que producía la Obra Sindical del Hogar solía ser bastante común representar la mano ofreciendo la llave de la casa. Era una mano que, además, se representaba como bajando del cielo, con una dimensión mucho mayor que la de las personas que se mostraban expectantes. Como recuerda Pérez Sánchez, “el símbolo de poder que expresa la iconografía de la mano oferente en el diseño de carteles … está en consonacia con la figura que rodeaba al Caudillo, líder, garante de la fe católica, del orden y del bienestar social sustentado en la familia como su núcleo sagrado” (Pérez Sánchez 156).

En una carta escrita por Vicente M. a Raimundo Fernández Cuesta, Secretario General del Movimiento, el día 10 de octubre de 1951, queda reflejada esa relación asimétrica con las autoridades del Estado franquista, plasmada en las palabras de Vicente: “Mi muy respetable y querido Jefe: Ante todo, te ruego y suplico, sepas perdonar, el móvil de necesidad, que me obliga a dirigirme a tu Superior Gerarquia [sic], para exponerte lo siguiente […]” (AGA, Carta de Vicente M. S. a Ministro Secretario General del Movimiento). Vicente afirmaba que no podía seguir pagando el alquiler del piso y que dentro de poco él y toda su familia habrían terminado en la calle. Se hacía urgente la entrega de una las vivienda de la Obra Sindical del Hogar. Esta situación le había llevado a escribir una carta en estos términos:

[…] es el suplicarte como camarada y como casi padre mio, que puedes ser, suplico, a tus buenos sentimientos y preciosos [sic] dotes de recta conciencia tan caracteristicos en ti, me recomiendes la instancia que te adjunto, con el interés que te dicte tu bondadoso y apiadado corazón, para ver si me podían conceder uno de los mencionados pisos, para evitar el tristísimo trance de ver a mis hijos en plazo de un mes en la calle […] (Idem)."

La figura del Caudillo cual benefactor fue asociada a la actividad del Estado, y en contreto de la Obra Sindical del Hogar por todo el territorio español y a lo largo del tiempo que duró el régimen. La vivienda, de tal manera, encajaba como una pieza más en la propaganda oficial para legitimar a Franco (Molinero; Ysás 256). Era tal la importancia de lo Obra Sindical del Hogar en la estructura del Sindicato Vertical que a principios de los años 50 llegaba a absorber casi el 30% del presupuesto destinado a todas la Obras Sindicales (Alquézar Penón 99). Aunque es verdad que el régimen nunca llegó a solucionar el problema de la vivienda, la actividad de la Obra Sindical del Hogar resultó bastante útil para asentar la idea de una administración que ofrecía soluciones a los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

El 1 de enero de 1950 Arriba anunciaba la aprobación de la construcción de 3000 viviendas para familias humildes y trabajadoras de Vallecas, un poblado al sur de Madrid. Con respecto a las viviendas se afirmaba cuanto sigue: “Pasarán a ser propiedad de los beneficiarios al cabo de cierto número de años…disponiendo de cuatro habitaciones, cocina, ducha y cuarto de aseo” («Engrandecimiento y progreso de Vallecas» 8). El 30 de enero de 1952 el diario Arriba publicaba una entrevista con el ministro de Justicia sobre el problema de la vivienda, en la cual el entrevistado afirmaba que tenían que construirse 60 mil viviendas para responder al crecimiento de la población de la capital. A continuación, el ministro Iturmendi hacía esta declaración sobre la función social de la propiedad: “Conforme al apartado segundo de la Declaración XII del Fuero del Trabajo, el Estado asume la tarea de multiplicar y hacer asequibles a todos los españoles las formas de propiedad urbana…especialmente el hogar familiar” («El Ministro de la Justicia habla del problema de la vivienda» 6).

En la difusión de una imagen de éxito en la solución de la cuestión de la vivienda, jugaron un papel importante las celebraciones que se realizaron para la entrega de los pisos. La vivienda fue objeto de propaganda como tantas otras obras realizadas por el Estado (Pulpillo Leiva 133). Se realizaban celebraciones multitudianrias que, además, coincidían con fechas significativas, “como la Navidad, el 18 de Julio o el Jueves Santo, a fin de conceder un sentido ceremonial y festivo a la entrega de viviendas” (Fandiño Pérez 189). Para dar un ejemplo, el 17 de julio de 1962 se celebró la entrega de más de 7000 pisos en el barrio de San Blas, zona periférica en el sudeste de Madrid (Candela Ochotorena 224). El barrio tenía que alojar a más de 30 mil personas. El acto fue presenciado por Franco, por las altas jerarquías del régimen y eclesiásticas. Los medios oficiales hablaron de más de 200 mil personas presentes en las celebraciones (ABC: Diario ilustrado, 18 de julio de 1962, «Más de doscientas mil personas aclamaron a Franco en el Gran San Blas» 31-35).

En la tarea de difusión de las labores llevadas a cabo por el Estado franquista también participó el NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos). Los servicios del NO-DO dieron cuenta a lo largo de los años de las diversas celebraciones de entrega de pisos con la presencia de las jerarquías del régimen y eclesiásticas, ya que la “Iglesia formaba parte de todos los actos institucionales” (Fernández Rincón et al. 546). En 1959 No-Do presentó un documental titulado «Plan de Urgencia Social de Madrid» en el cual se daba cuenta de la construcción de 60 mil viviendas para la capital. (Ibídem 546-547). Con la inauguración del Ministerio de la Vivienda en 1957, NO-DO realizó reportajes dedicados al ministro Arrese, mostrándolo, por ejemplo, mientras derribaba con una excavadora unas cuantas casas autoconstruidas en la periferia madrileña para la construcción de nuevas viviendas y “el realojamiento de los vecinos afectados” (Gual et al. 17–18). Estas celebraciones se entienden mejor si se tiene en cuenta el contexto general del franquismo, en el cual se realizaban celebraciones militares y religiosas que habían recuperado “formas devocionales barrocas, basadas en la fascinación de los fieles a través de la exterioridad, de la emotividad y de lo grandioso, unidos a una militarización de lo religioso que tiene orígenes remotos” (Di Febo 31).

Ecos de esta propaganda en torno a la vivienda pueden encontrarse en una carta escrita el 8 de diciembre de 1959, por parte de Ricardo L B., vecino desde 1954 del grupo «Nuestra Señora del Buen Suceso». Se trataba de un bloque de viviendas construido por la Obra Sindical del Hogar en Madrid. Ricardo escribió al Delegado Nacional de Sindicatos porque su vivienda estaba desde hacía tiempo sufriendo por las humedades y no estaba recibiendo una respuesta satisfactoria por parte de los funcionarios responsables: “En la Obra se nos viene dando largas año tras año y las palabras más consoladoras ¡qué vergüenza! es que nos dicen que en Madrid hay muchos miles de viviendas en peores condiciones que la nuestra” (AGA, Carta de Ricardo L. B. al Delegado Nacional de Sindicatos 8 diciembre 1959). La carta continuaba enumerando los diferentes elementos de la supuesta mala praxis que provocaban la humedad, tan dañina para la salud de sus moradores. Pero lo que llama la atención de esta carta es lo que viene a continuación. Ricardo afirmaba que la falta de atención sufrida:

“pone de manifiesto un mal que las Autoridades – y nosotros colaborando – tienen que cortar de raíz en esta obra grandiosa de dotar a los españoles de vivienda como ahora y para el futuro, pues de lo contrario volveríamos a edificar sobre cimientos ficticios, creando problemas sobre problemas” (Idem).

Ricardo realizaba un curioso paralelismo entre los cimientos físicos de las casas y los cimientos de la sociedad, que corrían el riesgo de ser ficticios por las negligencias, que él denunciaba, de los trabajadores de la Obra Sindical del Hogar. Lo que se evidencia en este breve párrafo es que Ricardo traducía su situación personal, como una amenaza a la imagen del régimen, que se apoyaba en la esperanzadora perspectiva de una vivienda para todos los españoles.

Las referencias a la Guerra Civil como Guerra de Liberación o Cruzada se mantuvieron en los años posteriores, pero al mismo tiempo se introdujeron elementos que daban fe de los cambios sufridos también por el discurso oficial del régimen. Autores tales como Michael Richards (Richards), o Gloria Román Ruiz y Claudio Hernández Burgos (Román Ruiz and Hernández Burgos) subrayan la evolución del discurso oficial y de la propaganda a lo largo del tiempo, siendo el relato desarrollista, del progreso como nueva fuente de legitimación para el régimen, el que fue ganando peso entre los años 50 y 60: “En efecto, a mediados de la década de los cincuenta, la dictadura reforzó su retórica en torno al progreso, la eficacia de la justicia social y las realizaciones materiales impulsadas desde el Estado, como la inauguración de grupos de viviendas” (p. 7). Con el pasar de los años, el relato oficial del Estado franquista dio mucho más peso a los resultados materiales que manifestasen mejoras en la vida de los españoles y se fueron reduciendo las referencias a la Guerra Civil (Aguilar Fernández).

En una carta del 12 de octubre de 1955 escrita por Luis E. S. se encuentra entremezclada la memoria del pasado de la Guerra Civil con elementos puramente técnicos concernientes las tipologías de vivienda ofertadas por la Obra Sindical del Hogar. Luis comunicaba al Delegado Nacional de Sindicatos su necesidad de encontrar un piso:

“con fecha de 26 de Junio de este años [sic] presentó instancia elevada al Sindicato del Metal – siendo el nº de Registro el 4014 solicitando en su petición una de las viviendas existentes de “renta reducida” ó “renta mínima” para poder contraer matrimonio, adjuntando para ello un certificado expedido por la Empresa donde presta sus servicios, acreditando el pago de la cuota Sindical como afiliado a dicho Sindicato, y una certificación de la Delegación Nacional de Excombatientes, demostrando haber tomado parte en el Glorioso Movimiento Nacional, desde sus primeros días hasta el final, estando en posesión de las recompensadas Cruz de Campaña y Cruz Roja” (AGA, Carta de Luis E. S. al Delegado Nacional de Sindicatos).

Se extraen diversas ideas del párrafo apenas expuesto. Para empezar, Luis hacía referencia a viviendas de “renta reducida” o de “renta mínima” como preferentes. Estas dos categorías de pisos habían sido introducidas desde hacía poco tiempo en la legislación que manejaba la Obra Sindical del Hogar. A través de diversos decretos-leyes publicados en 1954, el Estado había ofrecido un marco normativo donde cabía la posibilidad de construir pisos de diferente tamaño, para responder así a las distintas disponibilidades económicas de los adquirentes. Se habían establecido normas sobre las dimensiones que tenían que respetar estas categorías de pisos, fijando el valor correspondiente por metro cuadrado. Pero detrás de estas medidas, hubo reflexiones técnicas previas sobre las dimensiones mínimas para una vivienda, como había sido el caso del «Estudio sobre la vivienda económica en España» de Giralt Casadesú, realizado en 1950. Este estudio, por ejemplo, ofrecía gráficas sobre las dimensiones mínimas que tenían que ofrecer los pisos según el número de miembros de una familia (Sambricio, La vivienda en Madrid en la década de los cincuenta: el Plan de Urgencia Social 30).

Los años posteriores a 1954 fueron el punto de partida para los así llamados planes sindicales de la vivienda, es decir, para los grandes planes de construcción a través de los cuales el Estado intentó hacer frente sobre todo al fenómeno del chabolismo en las periferias de las grandes ciudades (Delgado Orusco 41). La Obra Sindical del Hogar a mitad de los años 50 estaba en condiciones de ampliar su actividad constructora para porciones más amplias de la población. Pero, aunque el número de viviendas disponibles había aumentado, aún era conveniente recordar la posición que se creía poseer a los ojos de las autoridades franquistas para tener un trato preferencial. Luis recordaba en la carta su participación en “Glorioso Movimiento Nacional”, desde el principio hasta el final, consiguiendo dos condecoraciones militares como la Cruz de Campaña y la Cruz Roja. Además, era miembro de la Delegación Nacional de Excombatientes, un colectivo que tenía ventajas en la adjudicación de las viviendas.

Esta habría sido la tónica de otras cartas destinadas a las autoridades franquistas en años posteriores. En una carta de queja que Victorino J. J. envió el 14 de febrero de 1959 al Ministro Secretario General del Movimiento, se evidencian otros detalles de interés. Había solicitado una vivienda dos años antes y había ganado una en el último sorteo. En 1958 la Obra Sindical del Hogar había establecido entregar unos cuantos miles de viviendas en Madrid a través de un sorteo entre los peticionarios pertenecientes al Sindicato Vertical, divididos entre las distintas ramas productivas. La casa que Victorino había conseguido se encontraba en Usera, periferia sur de Madrid. pero le había sido denegada sucesivamente por tener ya un piso con contrato. Él afirmaba que la casa en la que vivía no tenía las condiciones de habitabilidad. Además, tenía una hija enferma, obligada a estar mucho tiempo tumbada en la cama, respirando así la humedad de la casa. Así que de esta forma Victorino se dirigía al Ministro Secretario General del Movimiento:

“Señor Ministro ¿qué se necesita para obtener una vivienda decorosa?. Otros con menos motivo han conseguido la vivienda apatecida [sic]. Con el mayor respeto significado a V.E. que soy un Sargento de la Guardia Civil, retirado, con buen historial: cooperó en la represión de Asturias en el año 1934, así como en nuestra Cruzada de Liberación, desde el principio hasta el fin en Zona Nacional y por si fuera poco CUATRO años en la persecución de bandoleros y más todavía! ¡un hermano muerto en las estepas de Rusia! También voluntario en la División Azul. Por lo que tomo el atrevimiento de dirigirme a V.E. por si estimándolo de justicia me indique cuales son los medios más apropiados para alcanzar una casa saneada y que tenga alegría, para ver si es posible ver restablecida a la hija por ser la única que tiene y sea el eslabón de la viejez del matrimonio (si es que Dios quiere que lleguemos)” (AGA, Carta de Victorino J. J. al Ministro Secretario General del Movimiento 14 febrero 1959).

Se puede ver en este párrafo cómo Victorino, después de denunciar que otras personas con menos méritos que él habían conseguido una vivienda, asumía que ser Guardia Civil, aunque ya retirado, era claramente un plus de legitimidad para sus pretensiones. El puesto reservado a los cuerpos armados en el régimen franquista fue desde el principio muy importante, ya que consiguieron dar unidad real a las diversas fuerzas de la derecha española contrarias a la Republica (Tusell 178). Al mismo tiempo, Victorino hacía referencia a su rol en la represión de la revolución Asturias en 1934, una participación que en el imaginario del franquismo se tenía muy en cuenta. Por lo que se refiere, por ejemplo, a las celebraciones que se realizaban periódicamente para los caídos en la “Cruzada de Liberación”, se había establecido que se retrodatasen a los hechos de 1934 (Di Febo 37).

Victorino, además, afirmaba haber participado en la “Cruzada de Liberación” y en la persecución de los “bandoleros” en los cuatro años posteriores a la contienda. Y si esto aún hubiese sido poca cosa, Victorino recordaba que también había perdido un hermano, voluntario en la División Azul en las “estepas de Rusia”. Otra vez se ve la referencia al sacrificio de algún familiar por la causa franquista como un elemento más de justificación moral para la petición. La cuestión de la justicia también está presente en la carta de Victorino, a través de esta expresión:" Por lo que tomo el atrevimiento de dirigirme a V.E., por si estimándolo de justicia me indique cuales son los medios más apropiados para alcanzar una vivienda saneada" (Idem).

En otros casos, escribir a las más altas autoridades del Estado era el último recurso, una manera de pasar por encima de las autoridades locales cuando estas últimas no accedían a satisfacer la petición (Wingenter 161). Este fue el caso de Primitivo como el de tantos otros, que envíaban cartas a las máximas autoridades del régimen para conseguir lo que no obtenían de las autoridades de menor rango. Primitivo B. P. envió una carta a Francisco Franco el 8 de enero de1962. El motivo de la carta fue su suspensión como vigilante de un grupo de viviendas situado en el Alto Arenal de Vallecas: “se me comunicó…que quedada suspendido de empleo y sueldo, hasta tanto las autoridades laborales se pronunciasen, ya que estaba bajo expediente” (AGA, Carta de Primitivo P. B. al Jefe del Estado Español). La Obra Sindical del Hogar había establecido que los grupos de viviendas tuviesen porteros y vigilantes; puestos que fueron ocupados por personas que solían tener los contactos adecuados. La situación de Primitivo es llamativa porque él era ya beneficiario de una casa en otro grupo de viviendas distinto del que se encontraba en Alto Arenal de Vallecas.

Primitivo afirmaba que para hacerse cargo de ese puesto de trabajo había tenido que dejar su anterior vivienda y que en el momento de escribir él y su familia estaban en riesgo de ser echados a la calle por quedarse sin empleo: “mi sufrimiento no tiene límites al verme en la calle con toda mi familia. A la bez [sic], esto me hace pensar en una ignominiosa trata, tendida por alguien al que le interesaba destrozar mi vida” (Idem). Primitivo, defendiendo no saber el motivo por el cual le habían suspendido del empleo, recalcaba su indignación por la situación, ya que se consideraba “un servidor en todo momento…fiel a la Patria y a nuestro régimen” (Idem), por lo cual hacía presente a “su Excelencia” el historial político que le caracterizaba:

“Vieja Guardia de Falange. De los fundadores de la bandera de Falange de Marruecos. Habiendo combatido con ella en todos los frentes de nuestra cruzada. Herido dos beces [sic]. En 1941, voluntario a Rusia, con la División Azul, defendiendo nuestra causa contra el Comunismo, herido dos beces [sic] mas, y otra fue uyendo [sic] de mi ebacuación [sic], y cogiendome la inbasión [sic] aliada en Berlin. Perseguido, mientras jerarquías nos ebacuaron [sic] a Suiza, donde permanecí internado en barios [sic] campos de concentración, luchando contra la propaganda comunista, que fue aquel entonces alumbrada, siendo perseguido y maltratado. Cuando nos ebacuaron [sic] a los 450 españoles, nos fue asaltado el tren en Craubein [sic] (Francia) y fui el unico español defensor de dicho convoy, obligando al maquinista pistola en mano a retroceder…, siendo herido malamente he internado en un sanatorio” (Idem).

El historial de Primitivo iba más allá del sólo elenco de sus méritos, sino que se desenvolvía en una historia de heroísmo y sacrificio. Era miembro antiguo de la Falange, fundador de la “Bandera de Falange en Marruecos”, activo en todos los años de la “cruzada”. Además, fue voluntario con la División Azul en la guerra contra Rusia, junto a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Capturado y internado en un campo de concentración en Suiza. Cuando él y otros españoles fueron por fin evacuados, el tren, de paso por Francia, fue asaltado. En esas circunstancias, contaba Primitivo, fue el único que, pistola en la mano, obligó al maquinista a retroceder. La narración de estos hechos, según Primitivo, le daban derecho a que revisaran su caso y no le despidieran.

Sólo para dar un último ejemplo, sacamos a colación la carta de Silvia L. C., enviada a Francisco Franco el 12 de noviembre de 1962. En ésta Silvia pedía un anticipo para hacer frente a las 4 mil pesetas que tenía que dar a la Obra Sindical del Hogar por no haber pagado la cuota mensual estipulada por casi un año. Tenía 6 hijos a su cargo y aunque ella y su marido trabajaban, no podía sufragar todos los gastos. Se encontraba ya en medio de una orden de lanzamiento de desahucio por las deudas acumuladas. Los motivos sobre los cuales apoyaba su petición tenían que ver con los diversos méritos familiares y personales conseguidos durante la Guerra Civil:

“Yo soy hija de caídos en nuestra guerra de Liberación. Ex-combatiente del Servicio Azul… y de mis servicios prestados pueden informar a V.E. el camarada Matéu de Ros, Gobernador Civil de Córdoba, Inspección Nacional de Vieja Guardia y Hermandad de División Azul” (AGA, Carta de Silvia L. C. al Jefe del Estado Español).

Se puede evidenciar la referencia a la aportación personal de Silvia en la Guerra Civil, como también al sacrificio de algún familiar, en su caso, los padres, “caídos en nuestra guerra de Liberación”, otra vez como palanca para su petición. Para concluir con esta breve aproximación a las cartas que se enviaban a las autoridades franquistas relacionadas con la cuestión de la vivienda, se ha tratado de dar voz a personas muy vinculadas al régimen, pero sin un rango significativo en éste. El objetivo era ver de qué forma estas personas habían percibido los discursos y las prácticas políticas del régimen y cómo habían reformulado todo esto adaptándolo a su propia situación. La posición que creían poseer dentro de la jerarquía se unía con la percepción que tenían sobre las capacidades del régimen para responder a las necesidades planteadas en las cartas. La cuestión de la justicia se habría repropuesto constantemente en las peticiones, de manera directa o indirecta, pero aplicando un sentido de la justicia marcado por un concepto de derecho exclusivo, ganado en la guerra o en los años al servicio del régimen.